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Presión de EE.UU. por política energética mexicana bajo el T-MEC

La exigencia de paneles de arbitraje podría obligar a México a equilibrar su soberanía energética con compromisos comerciales, afectando inversiones en Pemex y CFE. 
La exigencia de paneles de arbitraje podría obligar a México a equilibrar su soberanía energética con compromisos comerciales, afectando inversiones en Pemex y CFE. 

Legisladores de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos han elevado la presión sobre México para que modifique su política energética, que prioriza a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), argumentando violaciones al T-MEC. Este miércoles, un grupo bipartidista respaldado por el sector energético solicitó al presidente Donald Trump activar paneles de resolución de controversias, enfocados en el favoritismo estatal que limita la competencia de empresas estadounidenses. 


Datos del Departamento de Comercio de EE.UU. indican que las reformas mexicanas han reducido la participación de inversión privada en un 20% desde 2021, impactando cadenas de suministro regionales valoradas en 1.2 billones de dólares. Para México, esto representa un dilema: la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la "soberanía energética" como pilar de desarrollo nacional, pero reconoce la necesidad de diálogo para evitar represalias arancelarias que podrían costar hasta 100 mil empleos en el sector manufacturero.


 En respuesta, el gobierno mexicano ha propuesto mesas técnicas bilaterales, destacando que el T-MEC ha generado 200 mil puestos de trabajo en ambos países desde su entrada en vigor. 


Expertos de la OCDE advierten que una escalada podría frenar el nearshoring, con México atrayendo 36 mil millones de dólares en IED en 2024. Sheinbaum ha enfatizado una "relación de respeto mutuo", alineada con la visión de Trump de una América del Norte competitiva. 


Esta tensión resalta la complejidad del tratado: mientras EE.UU. busca equidad, México prioriza la transición justa hacia renovables, con metas de 35% de energía limpia para 2024. El desenlace influirá en la revisión de 2026, potencialmente fortaleciendo la integración o generando fricciones.


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