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Presidencia de México defiende su política energética y asegura que no viola el T-MEC; respuesta a críticas internacionales.

El Gobierno de México afirma que las reformas y políticas energéticas son soberanas y compatibles con el T-MEC, mensaje clave para mantener certidumbre jurídica a inversionistas y relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno de México afirma que las reformas y políticas energéticas son soberanas y compatibles con el T-MEC, mensaje clave para mantener certidumbre jurídica a inversionistas y relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

En las últimas 24 horas la Presidencia de la República y vocerías oficiales han reiterado que la actual política energética mexicana que incluye cambios regulatorios, nuevas reglas de participación del sector privado y una agenda de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  no contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 


La presidenta Claudia Sheinbaum, en declaraciones públicas, subrayó que las decisiones en materia energética responden a la soberanía nacional y a la necesidad de garantizar el funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico, así como la planeación estratégica de la matriz energética. 


Ante cuestionamientos surgidos en círculos diplomáticos y medios en Estados Unidos y Canadá sobre supuestas incompatibilidades con compromisos comerciales, la Presidencia ha buscado transmitir que las convocatorias para inversión privada serán acotadas y orientadas a complementar la capacidad del sistema, no a reemplazar la función del Estado. 


Analistas consultados por medios locales señalan que la narrativa oficial busca calmar a mercados y socios comerciales, evitando riesgos de controversias formales bajo los capítulos de comercio e inversión del T-MEC que podrían traducirse en arbitrajes o presiones políticas. 


Desde la óptica del inversionista, los elementos claves a seguir son: la transparencia en contratos y licitaciones, la claridad en criterios técnicos para otorgar permisos, y el establecimiento de marcos regulatorios estables que permitan evaluar riesgos y rendimientos. 


Para el sector público, la prioridad declarada es garantizar abasto eléctrico, fortalecer empresas estatales y dar paso a inversiones focalizadas donde se detecte la necesidad de generación o respaldo.


 En términos bilaterales, fuentes diplomáticas citadas por la prensa indican que habrá mesas técnicas entre autoridades mexicanas y representantes estadounidenses para explicar los detalles operativos y jurídicos de la reforma y evitar malentendidos que afecten la colaboración en seguridad energética y comercio. El gobierno mexicano enfatiza que su política busca un balance entre soberanía energética y cumplimiento de compromisos internacionales


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