El Congreso del Estado de Nayarit elimina el uso de papel en la administración pública mediante firma electrónica avanzada
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En un paso decisivo hacia la transformación digital institucional y el desarrollo sostenible de la administración pública, el Congreso del Estado de Nayarit aprobó por unanimidad de votos un decreto de reforma interna para eliminar de forma definitiva el uso de papel en todas sus actividades administrativas y legislativas. La iniciativa establece la obligatoriedad jurídica de la firma electrónica avanzada para la validez de los dictámenes, correspondencias oficiales, actas de comisión y oficios internos. Con este marco normativo, la entidad se coloca a la vanguardia de las políticas de desmaterialización de procesos dentro de los gobiernos estatales del país.
La transición digital de Nayarit se fundamenta en un plan técnico de sustitución operativa. Anteriormente, la gestión ordinaria del Poder Legislativo local conllevaba el archivo y resguardo físico de miles de fojas mensuales, retrasando la dictaminación legislativa y elevando el costo de consumibles públicos. Con el nuevo sistema, los flujos documentales se centralizarán en una plataforma digital interna conectada de manera segura con el padrón de identidad digital, lo que agilizará los tiempos de entrega institucional de días a escasos segundos y blindará los archivos oficiales contra falsificaciones mediante la validación cifrada con códigos QR.
Esta medida tiene importantes repercusiones para el ecosistema de innovación pública y la modernización de los órganos de gobierno en México. El modelo de Nayarit demuestra que la transformación digital del sector público no requiere presupuestos tecnológicos multimillonarios, sino reformas regulatorias claras que erradiquen la inercia burocrática del papel. Para los municipios de la entidad y otros Congresos locales del país, esta legislación marca la pauta técnica para el desarrollo de la administración pública cero papel, facilitando la transparencia total del quehacer legislativo, mejorando los mecanismos de rendición de cuentas e impactando positivamente en las metas ambientales del servicio público en el marco de la Agenda 2030.
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