top of page

Denuncias por violaciones a estándares sobre derecho de protesta tras movilizaciones recientes

Organizaciones civiles y agrupaciones políticas alertan que en movilizaciones recientes las autoridades no cumplieron completamente con estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta, lo que pone en primer plano exigencias de rendición de cuentas y revisión de protocolos de seguridad.
Organizaciones civiles y agrupaciones políticas alertan que en movilizaciones recientes las autoridades no cumplieron completamente con estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta, lo que pone en primer plano exigencias de rendición de cuentas y revisión de protocolos de seguridad.

Después de las marchas que han tomado diversas calles del país en noviembre, ONG y grupos ciudadanos presentaron denuncias y observaciones sobre la actuación de cuerpos de seguridad y las medidas administrativas aplicadas durante las movilizaciones. 


Informes periodísticos y declaraciones de agrupaciones como "Somos México" señalan que hubo violaciones a estándares del derecho a la protesta, tanto en la imposición de rutas como en acciones de contención y detenciones en ciertos puntos, lo que ha derivado en peticiones formales de investigación y de garantía de libertades fundamentales.


El tema cobró relevancia en el mismo día en que se realizó el desfile cívico-militar, un evento de alto perfil  porque la presencia aumentada de fuerzas federales y locales complicó la logística de las protestas y generó acusaciones cruzadas entre gobiernos y opositores.


Desde el ámbito institucional, la Secretaría de Seguridad y la administración capitalina defendieron sus protocolos, argumentando la necesidad de preservar la seguridad pública y la integridad del acto conmemorativo; sin embargo, los observadores jurídicos recordaron la obligación de aplicar medidas mínimas de restricción y de garantizar espacios para la expresión pacífica. 


Analistas en derecho público y activistas han pedido además que las quejas sean atendidas con transparencia y que los mecanismos de control interno de las policías brindan información sobre uso de la fuerza, arrestos y el trato a manifestantes.


El episodio abre un debate más amplio sobre cómo compatibilizar celebraciones oficiales, presencia militar en ciudades y la libertad de reunión en contextos de alta tensión política. El seguimiento de estas denuncias será determinante para medir la capacidad del Estado de conciliar orden y derechos en un clima de demandas sociales.


Fuentes:






Comentarios


bottom of page