Debate sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y el control de propaganda extranjera en México
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- 6 nov 2025
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Desde abril de 2025, la Presidencia y el Senado han venido discutiendo una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que, entre otros puntos, propone prohibir la difusión de propaganda política, ideológica o comercial emitida por gobiernos extranjeros en los concesionarios nacionales y dotar a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de facultades para supervisar y, en casos concretos, bloquear el acceso a plataformas digitales.
La iniciativa se presentó como respuesta a la difusión en medios mexicanos de anuncios gubernamentales extranjeros considerados discriminatorios —un asunto que tensionó la agenda de relaciones bilaterales— y como un intento de proteger la soberanía informativa.
La propuesta ha suscitado posiciones encontradas: el oficialismo subraya la necesidad de evitar injerencia extranjera y proteger la dignidad de grupos afectados por campañas discriminatorias; por su parte, la oposición, organizaciones civiles y empresas tecnológicas advierten sobre riesgos de censura, falta de claridad en los supuestos que habilitarían bloqueos y concentración de facultades administrativas sin suficientes contrapesos jurídicos. Voces críticas han pedido que cualquier mecanismo de control incluya criterios claros, revisión judicial previa, transparencia en los procedimientos y garantías para la libre expresión y la competencia empresarial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que la intención no es censurar y que se corregirán redacciones para evitar ambigüedades, pero la discusión legislativa continúa y representa un punto central de diálogo entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad.
En términos prácticos, la aprobación de esta reforma podría modificar el marco de operación para concesionarios, plataformas digitales y la transmisión de contenido internacional en México; además, implicaría nuevas responsabilidades regulatorias para la ATDT y un rediseño de la gobernanza del espectro y de la internet pública. El debate combina elementos de soberanía informativa, derechos digitales, libertad de expresión y seguridad nacional, y promete ser un tema relevante en la agenda legislativa y mediática en las próximas semanas.
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