Crece la influencia de Omar García Harfuch en áreas clave de seguridad del gobierno mexicano, según crónica periodística
- contacto069340
- 1 dic 2025
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Varios reportes nacionales señalan que Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha fortalecido su red de colaboradores en puestos estratégicos de la seguridad e inteligencia mexicanas.
La reconstrucción de perfiles para la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Agencia de Investigación Criminal y otros entes sugiere una intención de centralizar capacidades de investigación y operación bajo un mando con alta especialización en seguridad.
Fuentes periodísticas que cubren la administración federal interpretan este movimiento como un intento por mejorar la coordinación interinstitucional frente al crimen organizado, aunque también señalan riesgos si la concentración de poder no se acompaña de controles institucionales y transparencia.
En las últimas semanas, la renuncia del titular de la Fiscalía General había abierto una discusión pública sobre el relevo y la estrategia judicial en casos de alto impacto; la designación interina y la expectativa sobre la propuesta definitiva por parte de la Presidencia mantienen en primer plano el debate sobre eficiencia y garantías del debido proceso.
Para la agenda de la Presidencia, la consolidación de un equipo de seguridad robusto aparece como una prioridad para mostrar respuestas a episodios de violencia en regiones sensibles; sin embargo, observadores subrayan que los resultados operativos reducción sostenida de homicidios, capturas con proceso y disminución de impunidad serán la medida real del éxito de esa estrategia.
Desde la perspectiva internacional, el fortalecimiento institucional en seguridad abre puertas para cooperación técnica con socios, incluyendo intercambio de inteligencia y entrenamiento policial, aunque también requiere atención en derechos humanos y rendición de cuentas.
La evolución de estos nombramientos será clave en las próximas semanas y es probable que genere debates legislativos y de opinión pública sobre la dirección de la política de seguridad.
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