Asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; toma de protesta de su esposa y operativo federal
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- 6 nov 2025
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El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante un evento público conmemorativo del Día de Muertos, ha provocado una conmoción política y social que se refleja en protestas, medidas de seguridad extraordinarias y un operativo federal coordinado para esclarecer los hechos. Manzo, político independiente y figura muy visible en el municipio, fue atacado a tiros en la plaza principal; uno de los agresores fue abatido en el acto y autoridades reportaron la detención de al menos dos sospechosos. La Fiscalía y el Gabinete de Seguridad federal tomaron el caso desde el primer momento, informando que se recaban videos y testimonios para identificar tanto a los autores materiales como posibles responsables intelectuales.
Tras el homicidio, el Congreso local votó la designación de Grecia Quiroz, esposa del alcalde fallecido, como presidenta municipal interina; en su toma de protesta Quiroz se comprometió a continuar el proyecto de su esposo y exigió justicia inmediata. La muerte de Manzo alimentó demandas ciudadanas por mayor seguridad, y movilizó a organizaciones sociales que exigen no solo la captura de los perpetradores sino cambios concretos en la estrategia de combate al crimen organizado.
El Gobierno federal anunció el refuerzo de la coordinación entre Fiscalías y la Guardia Nacional, además de acciones de inteligencia focalizadas en las rutas de operación de grupos criminales en la región.
En el plano político, el homicidio reabrió el debate sobre la protección de autoridades locales, las condiciones de riesgo que enfrentan municipios con presencia de cárteles y la capacidad de los distintos órdenes de gobierno para coordinar respuestas operativas y judiciales. Expertos consultados han señalado que, sin una investigación que llegue a los cabecillas y a las redes de apoyo logístico y financiero de las bandas armadas, las detenciones puntuales tendrán un impacto limitado en la reducción de la violencia.
Además, el caso tiene implicaciones económicas locales: Michoacán es un importante productor agrícola y la inestabilidad puede afectar cadenas de suministro y confianza en las inversiones regionales.
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